Trece libros populares fueron prohibidos en todas las escuelas públicas de Utah.
Se trata de la primera ola de prohibiciones previstas en virtud de una nueva ley que prohíbe libros cuando al menos tres de las 41 juntas de distritos escolares del estado afirman que contienen material pornográfico o indecente.
Permitir que sólo unos pocos distritos tomen decisiones en todo el estado convierte a la ley en una de las más indulgentes en materia de prohibición de libros en Estados Unidos, según PEN America, una organización que defiende la libertad de expresión y hace un seguimiento de la censura de libros en todo Estados Unidos.
La junta de educación estatal publicó este mes su primera lista de libros prohibidos, que incluye una popular serie de novelas para adultos jóvenes de la autora Sarah J. Maas llamada "A Court of Thorns and Roses", y publicaciones de Judy Blume y Margaret Atwood.
Los dos distritos escolares más grandes del estado, que se encuentran en partes conservadoras, lideraron la iniciativa para prohibir los libros.
El Distrito Escolar Davis votó para prohibir los 13 libros de la lista, mientras que el Distrito Escolar Alpine prohibió siete de ellos, incluida la serie de Maas. Los libros todavía están disponibles en las bibliotecas públicas.
Las medidas de Utah se producen en medio de un renovado impulso en los últimos años para prohibir más libros por parte de los conservadores en todo el país a pesar de las preocupaciones de los defensores de la libertad de expresión y algunos educadores y padres.
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"La lista de libros prohibidos del estado impondrá un régimen de censura distópico en las escuelas públicas y, en muchos casos, contravendrá directamente las preferencias locales", dijo Kasey Meehan, directora del programa Freedom to Read de PEN America.
"Permitir que sólo un puñado de distritos tomen decisiones para todo el estado es antidemocrático, y nos preocupa que la implementación de la ley resulte en estanterías de bibliotecas menos diversas para todos los habitantes de Utah", indicó Meehan.
Al menos otros tres estados (Tennessee, Idaho y Carolina del Sur) están avanzando hacia la posibilidad de que el gobierno estatal se encargue de prohibir libros, en lugar de dejar el asunto en manos de las comunidades locales, afirmó PEN America.
Según la ley de Tennessee, una queja de una persona ante una junta escolar podría elevarse a una comisión que podría prohibir el libro en las bibliotecas escolares de todo el estado, si considera que la publicación no es adecuada para la edad y el nivel de madurez de los estudiantes.
La ley de Idaho exige que las bibliotecas escolares y públicas trasladen el material considerado "perjudicial para menores" a una sección exclusiva para adultos o se enfrenten a demandas judiciales. La nueva ley utiliza la definición actual de "material obsceno" de Idaho, que incluye cualquier acto de homosexualidad.
La ley entró en vigor el 1 de julio y exige que los distritos escolares informen a la Junta de Educación de Utah qué libros han prohibido en sus bibliotecas escolares que se ajusten a los criterios establecidos en la nueva legislación. Es probable que se sumen más libros, indicó Meehan.
Dos libros de Ellen Hopkins también están en la lista de Utah, y todas las publicaciones prohibidas, excepto una, están escritas por autoras.
"Una tendencia que vemos en todo el país es la supresión de libros que muestran y hablan sobre sexo, que comparten historias de violencia sexual, a menudo contra mujeres", así como los problemas que enfrentan la comunidad LGBTQ+ y las personas de color, expresó Meehan.
Según la ley, las bibliotecas de las escuelas públicas tienen que deshacerse de los libros. No se pueden vender ni distribuir, dijo el estado.
"De hecho, hay que tirar los libros. Creo que esa es una imagen alarmante de la situación en la que nos encontramos", agregó Meehan.
Sólo un miembro de la Junta de Educación de Utah puede apelar pidiendo al organismo en pleno que celebre una audiencia dentro de los 30 días siguientes a la inclusión de un libro en la lista de las publicaciones prohibidas, para votar si se revoca la prohibición. Hasta ahora, no se han presentado apelaciones, dijo Sharon Turner, portavoz de la Junta de Educación de Utah.
Natalie Cline, que forma parte de la junta, está contenta con la medida, pero indicó que la lista de libros prohibidos se queda corta. Cline es miembro saliente de la junta que perdió en las primarias republicanas este año después de cuestionar el género de un jugador de baloncesto de secundaria.
"Eliminar sólo esos 13 libros cuando hay cientos más que son igual de explícitos, que también deben desaparecer, es problemático", dijo Cline. Agregó que las pruebas de valor literario en los libros son "absurdas" y "subjetivas".
Cline agregó que todo contenido sexual explícito, incluso en las clases de ciencias o medicina que la nueva ley permite, debería estar fuera de las escuelas primarias y secundarias, citando el código penal del estado.
Otra miembro de la junta, Carol Lear, piensa que la nueva ley es autoritaria al permitir que las preocupaciones de algunos padres rijan las decisiones de otros progenitores en todo el estado.
"No creo que me convierta en propornografía decir que los padres deberían tener el derecho a elegir con sus hijos lo que quieren leer", dijo Lear. Agregó que hay otras opciones menos restrictivas, incluida la notificación a los padres de qué libros sacan sus hijos de la biblioteca.
En todo el país, las impugnaciones y prohibiciones de libros han alcanzado los niveles más altos en décadas. Las bibliotecas públicas y escolares se han visto inundadas de quejas de miembros de la comunidad y organizaciones conservadoras como Moms for Liberty. Cada vez más, los legisladores están considerando nuevos castigos (demandas, multas elevadas e incluso prisión) por distribuir libros que algunos catalogan de inapropiados.
La tendencia surge en un momento en que las autoridades buscan definir términos como "obsceno" y "dañino". Muchos de los conflictos involucran materiales que presentan temas raciales y/o LGBTQ+, como la novela de Toni Morrison, "The Bluest Eye", y las memorias de Maia Kobabe, "Gender Queer". Y aunque ningún bibliotecario o educador ha sido encarcelado, la amenaza por sí sola ha llevado a una mayor autocensura. Ya este año, legisladores en más de 15 estados han presentado proyectos de ley para imponer duras sanciones a bibliotecas o bibliotecarios.
Algunos republicanos están pidiendo sanciones y restricciones que se apliquen en todo el país. En el prólogo del Proyecto 2025, la iniciativa de la Heritage Foundation para un posible segundo gobierno de Donald Trump, el presidente del grupo de derecha, Kevin Roberts, escribió que "las personas que producen y distribuyen pornografía deberían ser encarceladas. Los educadores y bibliotecarios públicos que la distribuyen deberían ser clasificados como delincuentes sexuales registrados".
