MÉXICO - Expertos en Tecnologías de la Información y derechos digitales alertan sobre los riesgos que traen para usuarios de internet los reciente cambios a la Ley Federal de Derechos de Autor aprobados con toda celeridad horas previas a la entrada en vigor del T-MEC.
Los cambios fueron parte de los compromisos que aceptó México para que avanzará el tratado que sustituyó al TLCAN, pero por la premura del tiempo no hubo un análisis de las medidas que se estaban impulsando.
De ese modo, desde el 1 de julio, cuando entró en vigor el T-MEC, cualquier contenido que se comparta en internet -videos, textos, imágenes y archivos- puede ser no solo censurado sino causa de penas de prisión y monetarias, que van de 85,000 a 1.7 millones de pesos (de $3,754 a $75,000).
Vladimir Cortés, del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, explicó a medios mexicanos que con la nueva legislación es posible censurar sin pruebas de que haya un motivo real, porque ahora ya no se debe demostrar ante un juez que un contenido viola derechos de autor.
“Es una clara violación al derecho de libertad de expresión. También al debido proceso y a las garantías judiciales que tenemos constitucionalmente”, afirmó.
De ese modo basta con que alguien denuncie algún contenido digital ante una red social, por ejemplo, para que esta lo retire y en su lugar aparezca un mensaje que indica que fue bloqueada esa información o imagen.
El alcance es tal, que cualquier medio de comunicación digital puede ser retirado de la red hasta por 15 días, hasta que se compruebe o no si hubo alguna violación a los derechos de autor.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) afirma que con los cambios en la legislación, además de ser un retroceso, los diputados mexicanos legalizaron la censura en internet.
Además, según R3D la reforma tiene mayores alcances, ya que impone penas de seis años de cárcel a quienes "rompan candados digitales”, es decir, alguna restricción del fabricante de hardware o software para modificar la información de un dispositivo o programa.
“Estos candados (digitales) obstaculizan el derecho de las personas a reparar sus propios dispositivos, modificarlos a sus necesidades, utilizar piezas o consumibles de marcas diferentes o estudiarlos para detectar sus vulnerabilidades”, explica la R3D.
El panorama resulta tan desalentador, que diversas organizaciones y expertos han llamado a los mexicanos a mostrar su inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o sumarse a los esfuerzos que promueven a través de R3D.
“Las personas pueden hacer esta petición para que la CNDH, en el marco sus facultades, pueda realizar esta acción de inconstitucionalidad. Esto para dejar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificar la ley”, explica Vladimir Cortés.
Además, para sumar esfuerzos en una campaña masiva impulsan el hashtag #NiCensuraNiCandados.
